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Redacción Oficina de Comunicaciones

Los desafíos de la construcción e implementación de una nueva Política de Prevención y Reducción del consumo de drogas en Colombia, fue analizada por diferentes actores de la academia y el Estado, este jueves en la Universidad CES de Medellín.

Durante el conversatorio ¿Hacia dónde va la Política de Drogas en Colombia? Representantes de los ministerios de Justicia y Salud, el Centro Internacional de Transferencia en Tecnología para la reducción de la demanda de drogas (ITTC por sus siglas en inglés) y académicos de las facultades de Enfermería, Medicina y Psicología de la Universidad CES socializaron y discutieron el documento borrador final de la Política Pública que, en materia de drogas, viene construyendo el Gobierno nacional con su equipo de trabajo, con la participación de la academia y la sociedad civil.

Hasta el momento la política de drogas del Gobierno colombiano que está vigente es RUTA FUTURO. En ella, como en las anteriores, contempla acciones para reducir la oferta relacionada con el control y la interdicción de los cultivos, la producción y el tráfico y microtráfico y acciones para reducir la demanda de drogas. Pero ahora, en esta nueva propuesta, incluye aspectos relacionados con la promoción de la salud mental, la prevención al consumo, el tratamiento y la rehabilitación y la reducción de daños, el énfasis y la mayor inversión ha estado puesto en la reducción de la oferta.

Un ejemplo de esto es que para el 2017, excluyendo lo invertido en el sector Defensa, en reducción de la oferta se invirtieron 626.170 millones de pesos, mientras que en reducción de la demanda la inversión solo llegó a 188.201 millones de pesos, según cifras del Gobierno.

Frente a ese panorama, el ITTC Colombia, cuya sede es la Universidad CES, tiene entre sus objetivos: aportar elementos desde la evidencia científica para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas; y apoyar el desarrollo de políticas nacionales y regionales sobre drogas y alcohol que promuevan la implementación de mejores prácticas basadas en evidencia para servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación de trastornos por uso de sustancias. Además, desarrollar lineamientos técnicos para la prevención del consumo de drogas, la detección temprana y el tratamiento y rehabilitación de los trastornos por uso de sustancias.

“En general, la respuesta del Estado ha estado lejos de ser integral, con un desbalance que favorece las medidas de carácter represivo (necesarias pero insuficientes para abordar este problema). En términos generales, es posible señalar que las capacidades y recursos se han dirigido a estrategias de corto plazo, centradas en el componente policial y el uso de sanciones; mientras tanto, las acciones de prevención del consumo, de tratamiento y rehabilitación y reducción de daños —cuyos efectos se ven en el largo plazo—, se han mantenido al margen de las agendas de Gobierno y no han sido respaldas con recursos públicos”, advirtió el Dr. Guillermo Castaño Pérez, director del ITTC Colombia e investigador de la Universidad CES.

¿Cuáles son los desafíos de la implementación?

Bajo la premisa de orientar la política enmarcada en los Derechos Humanos y la Salud Pública se espera que la nueva versión de la Política Pública tenga una mirada más integral, no solo desde los lineamientos propuestos en ella, sino desde la práctica y se consiga un equilibrio en las acciones y presupuestos para intervenir la oferta y la demanda de drogas en el país, consideran en el ITTC Colombia.

Otro de los desafíos es conseguir que la política sea aterrizada en programas y proyectos basados en la evidencia y buenas prácticas, para reducir la demanda del consumo en los niveles de promoción de la salud mental, la prevención de este, la detección temprana y el tratamiento y rehabilitación para las personas afectadas y que buscan dejar de consumir. Adicionalmente, diseñar estrategias y acciones de reducción de daños para aquellos mayores de edad que consumen y que no se plantean dejarlo de hacer, cuidando que estos se mantengan en el tiempo y en efecto proponerlo como una política de Estado y no de un gobierno en particular, haciéndose además necesario darle herramientas jurídicas y administrativas para que estas se cumplan y se desarrollen, pues hasta el momento en materia de reducción de la demanda del consumo de drogas toda la normativa que en Colombia es amplia se ha quedado en el papel.

Entre las personas que participaron del Foro estaban la Dra. María Mercedes Dueñas Tobón, jefe del Área de Reducción del Consumo de Drogas, de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; la Dra. Luz Adriana Rivera González, referente en Salud mental del Departamento de Risaralda; el Dr. Holmes Londoño Medina, Representante de la Federación Colombiana de Comunidades Terapéuticas – FECCOT-; la Dra. Camila Patiño Rodríguez, de Project Manager del Proyecto Plan Colombo; la Dra. María Alejandra Vélez Lesmes, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes; la Dra. Katherine Salazar Martínez, Coordinadora de la Unidad de Adicciones del Hospital Mental de Risaralda- HOMERIS