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Redacción Oficina de Comunicaciones

Mientras en Colombia una gran parte de la población se alista para las celebraciones del Día de la Madre el 14 de mayo, una realidad más cruda es la que viven más de un centenar de mujeres privadas de la libertad: el 87% son madres y el 75% son cabeza de hogar, pero tras las rejas.

Así lo da a conocer la investigación Justicia y sentimientos en mujeres privadas de la libertad: narrativas del encierro, que recopila información y datos de diferentes instituciones como la Procuraduría General de la Nación y centros de estudio de universidades del país, dentro de un análisis macro sobre las emociones y la justicia de las mujeres presidiarias.

Ese estudio general consultó si efectivamente la Corte Constitucional, cuando declara el hacinamiento carcelario, tenía o no definido un enfoque de género frente a esas declaratorias y si consideraban las demandas de las mujeres privadas de la libertad en el país.

La investigación estuvo a cargo de la docente Clara María Mira González, coordinadora de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad CES de Medellín. La candidata a doctora en Derecho y magíster en Ciencia Política advierte que en los últimos treinta años se incrementó en 320% la población carcelaria de mujeres en Colombia, con el agravante que no hay un protocolo para atender las demandas de la administración de justicia frente a mujeres o población LGBTIQ+ que deberían tener condiciones diferentes a la reclusión.

“Colombia ha incumplido reglas internacionales (Bangkok y Tokio) respecto a las mujeres privadas de la libertad en el mundo. Colombia suscribió varios tratados internacionales y dentro de este contexto nos encontramos con un escenario que resultaba ser muy problemático por las condiciones de hacinamiento en las que estabas las mujeres, pero, adicionalmente, por su condición de madres”, indicó la docente de Derecho del CES.

Para la académica, uno de los grandes problemas de las mujeres en las cárceles tiene que ver con la forma en que se conceden los subrogados o sustitutos penales en la cárcel y adicionalmente en la forma en que se va valorando el trabajo carcelario y los programas de resocialización.

“La maternidad es un factor que hay que atender porque de entrada las mujeres que delinquen, también son madres. De ese porcentaje (70%) de mujeres que tienen hijos hasta los 11 años de edad, la madre es separada del menor porque deben de pagar con su pena privativa de la libertad. Esto afecta su condición de madres porque son cabeza de hogar, que no pueden ver a sus hijos porque los separan a los tres años de edad, y luego de que los separan, la situación se hace mucho más dramática porque hay que buscar la red familiar que reciba al niño”, añadió.

Según el informe, en la mayoría de casos las mujeres incurren en la comisión de delitos económicos, es decir, aquellos contra el patrimonio o el orden socioeconómico como el hurto o tráfico de estupefacientes (microtráfico). Dentro de esos delitos no hay subrogado penal. Ahora bien, en Colombia se expide una ley de subrogado penal para el delito de tráfico de estupefaciente y en el caso de hurto no se está utilizando el brazalete electrónico ni la detención domiciliaria.

Al final, el estudio reafirma que las condiciones en las que la madre comete el delito tiene que ver con su condición socioeconómica (pobreza), con la violencia intrafamiliar, con la violencia física, la violencia sexual, y adicionalmente también, con una violencia psicológica en los hogares. Alrededor del 80% de las mujeres que han cometido un delito, son mujeres que han sufrido violencias en el hogar.